Estaba claro que era necesario cambiar al ministro de Justicia y Derechos Humanos luego que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) envió al impresentable de Martín Vizcarra a Ancón II en lugar de dejarlo en el penal Barbadillo, donde creemos que debió permanecer por su condición de expresidente y para no victimizarlo ni darle combustible a sus escuderos en los meses previos a las elecciones del próximo año.
Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte ha elegido a la peor ficha para el relevo: el censurado exministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien está empapelado hasta la pared de enfrente con investigaciones en el Ministerio Público, al extremo que tiene vigente un impedimento de salida del país. Pudo ser cualquier otro, pero optó por el examigo de “Culebra”, el que se niega a ir a cumplir con las diligencias que ordena la fiscalía.
Sin duda esto es una provocación a los críticos, por lo que entendemos que la señora Boluarte se siente muy segura de su alianza con la mayoría de congresistas, como para no ser vacada por haber puesto a semejante personaje en un cargo clave en el gabinete ministerial, pese a que este mismo Legislativo lo mandó a su casa en marzo último, aparte de ser un cero en la lucha contra la criminalidad.
Cuando la mandataria se pregunte por qué la rechazan con tanta fuerza los peruanos en las calles, debería tomar nota de decisiones como la de nombrar a Santiváñez, algo que ningún buen presidente hubiera hecho, al menos por respeto al Congreso y a los ciudadanos.
