La tragedia ocurrida en el distrito limeño de La Victoria estremece al país entero. Diez integrantes de una misma familia, entre ellos cinco niños, perdieron la vida en el incendio que consumió su vivienda. Si, como denuncian sus familiares y vecinos, el fuego fue provocado por extorsionadores que venían amenazando a las víctimas para exigirles el pago de cupos, no estaríamos solo ante un acto criminal, sino frente a una expresión brutal del nivel de violencia e impunidad al que ha llegado el país.
Lo más preocupante es que esta situación no surgió de la noche a la mañana. Es el resultado de años de respuestas insuficientes, estrategias improvisadas y una preocupante falta de liderazgo frente al avance del crimen organizado. Durante el último quinquenio, el país transitó por una prolongada inestabilidad política con cuatro presidentes, cambios constantes de ministros y políticas de seguridad que nunca llegaron a consolidarse. Mientras el poder político se consumía en sus propias disputas, las organizaciones criminales ampliaban su presencia y sembraban el miedo en más ciudades del país.
No sorprende, entonces, que la seguridad ciudadana se haya convertido en la principal preocupación de los peruanos. Según Datum, el 73 % de la población considera que el desafío prioritario del próximo gobierno debe ser enfrentar la inseguridad ciudadana. Keiko Fujimori recibirá un país donde la delincuencia ya no puede enfrentarse únicamente con declaraciones de emergencia o cambios de ministros. Se necesita acción y eficacia.
