Mientras Lima se encuentra en estado de emergencia y las reuniones masivas están prohibidas, los mineros informales de distintas regiones continúan con protestas exigiendo la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por cinco años más. En lugar de asumir una posición firme, el Ejecutivo ha optado por delegar la responsabilidad al Congreso, según las declaraciones del premier Ernesto Álvarez, quien señaló que esperará la decisión parlamentaria.
El dilema no es nuevo: renovar el Reinfo puede significar un incentivo para la minería ilegal, mientras que cerrarlo abruptamente podría afectar a los pequeños mineros en proceso de formalización. Sin embargo, mantenerlo vigente sin un plan serio de control equivale a legalizar la ilegalidad. Y eso es exactamente lo que ha venido ocurriendo.
La prolongación del Reinfo hasta el 2029 no resolvería el problema; más bien consolidaría el poder de mafias y redes criminales que operan bajo la fachada de la minería en proceso de formalización. Estas organizaciones destruyen ecosistemas, promueven el sicariato, la trata de personas y la explotación sexual de menores, y socavan la autoridad del Estado en amplias zonas del país.
El Gobierno debe actuar con la ley y con decisión. Si el objetivo es enfrentar la delincuencia y recuperar el orden, este es uno de los frentes donde más se necesita firmeza, hoy más que nunca.
