El reciente asilo de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, ha encendido todas las alarmas en el país. Su huida, ejecutada con la pasividad del Estado y la torpeza de las instituciones, deja al descubierto —una vez más— la fragilidad de nuestro sistema de justicia y la falta de coordinación entre sus poderes.
El Tribunal Constitucional tuvo su cuota de responsabilidad al dictar una resolución que permitió su liberación. Pero no fue el único. La Fiscalía tramitó mal la prórroga de su prisión preventiva. Su accionar en el caso de Chávez ha sido una sospechosa vergüenza, si se tiene en cuenta que es una figura clave en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. La suma de esos errores —o negligencias— terminó por abrirle la puerta de escape a una de las principales implicadas en aquel oscuro episodio de la historia reciente.
Lo más grave es el mensaje que deja: que en el Perú la justicia puede ser eludida con astucia política y una embajada amiga. Por eso, este caso debe servir de advertencia. Hoy, personajes como Martín Vizcarra, Susana Villarán y Vladimir Cerrón, entre otros, enfrentan procesos por corrupción y diversos delitos. Si el Estado no actúa con firmeza y previsión, no sería extraño que pronto alguno de ellos siga el mismo camino de Chávez.
El país no puede tolerar otra burla. Cada fuga es una derrota del Estado y una bofetada a los ciudadanos que aún creen en la posibilidad de un sistema judicial justo. La lección es clara: la justicia no solo debe ser implacable, sino también vigilante.
