El Ministerio Público, institución clave para la defensa de la legalidad y la representación de la sociedad frente al delito, atraviesa una de sus peores crisis. Hoy, más del 70% de los peruanos declara no confiar en la Fiscalía, y la cifra es aún más alta en el sur. Esta desconfianza responde a un conjunto de episodios que mellan su misión institucional. Uno de ellos es el choque con la Ley 32130, que fortaleció el rol de la Policía en la investigación penal. Congresistas han denunciado a la fiscal de la Nación y a la Junta de Fiscales Supremos por presunto “desacato”, luego de que emitiera una resolución que contradice la norma. La imagen es de una institución que busca imponerse al orden legal. Increíble. A ello se suman los escándalos internos. La excoordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, Marita Barreto, es investigada por presunto enriquecimiento ilícito. Y la propia cúpula fiscal sigue sacudida por la saga de Patricia Benavides, cuya destitución ilegal fue subsanada por la actual JNJ sin concretarse por manipulación política. El más delicado es el frente político. En 2024 y 2025, la Fiscalía ordenó allanamientos contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, por tráfico de influencias y presunta organización criminal y ahora reitera diligencias y alimenta la percepción de persecución con agenda política propia. La Fiscalía llega debilitada a las elecciones de 2026. Los candidatos deberán definir si optan por reforzar su autonomía o por una reforma profunda. Está en juego el futuro de una institución clave y la confianza en la justicia. Y con ello, la salud de la democracia. Los candidatos no pueden ignorar una Fiscalía en crisis que se debate entre el desacato, la politización, la corrupción interna y la desconfianza ciudadana. Todo para gustar.
