La posibilidad de que la golpista Betssy Chávez termine de asalariada del Congreso que ella misma quiso cerrar violando la Constitución y la legalidad, ha hecho que salte ante nuestros ojos el hecho de que tanto ella como el cabecilla de la asonada, Pedro Castillo, no tienen hasta hoy inhabilitación del Poder Legislativo para ejercer cargos públicos, por lo que en buena cuenta poseen luz verde para postular en los comicios del 2026 o desempeñar cualquier función en el aparato estatal.

Como recordó el domingo último El Comercio, han pasado mil días desde el intento de golpe de Estado perpetrado por Castillo, Chávez y otros, y hasta el momento el Congreso que vacó al dictador frustrado no se ha dignado a inhabilitarlos pese a que cuenta con las herramientas necesarias, todo esto mientras el Poder Judicial lleva a cabo el juicio oral por los sucesos del 7 de diciembre del 2022, y el Ministerio Público sigue investigando al profesor por las raterías de que se le acusan con evidencias más que sólidas.

¿A qué está jugando el Congreso que no inhabilita a esta gente que ha cometido una clarísima infracción a la Carta Magna, más allá de los actos que son tratados por la justicia penal? ¿Quieren tener a Castillo de candidato en vista de que aún no cuenta con una sentencia en su contra?, ¿tienen ganas de cruzarse en los pasillos del Parlamento con Chávez, la premier del castillismo que si por ella fuera, hubiera colocado una tanqueta en la Plaza Bolívar y metido presos a los legisladores que no acataban sus arbitrarias disposiciones?

De otro lado, qué está esperando el Ministerio Público para acabar con las investigaciones por actos de corrupción contra Castillo. Ahí están las declaraciones de varios personajes como Salatiel Marrufo y Sada Goray, que son nucleares. Sin embargo, este proceso camina a paso de tortuga. Ya parece que estuviera en manos de fiscales como Rafael Vela y Domingo Pérez, quienes pueden pasarse seis o siete años investigando sin aterrizar en nada concreto, para que al final todo se les caiga, como el Caso Cocteles.

Da la impresión de que hay un manto de protección en favor de Castillo, Chávez y Aníbal Torres –el que hablaba de “ríos de sangre”–, tanto del Congreso como del Ministerio Público. Recordemos que esta última entidad acaba de dejar que salga libre la expremier golpista pese a que una vez ya quiso huir junto con su jefe. Con algunos actúan son suma rapidez y permiten que el peso de la ley y más, les caiga de inmediato. Con otros, los guantes de seda son escandalosos.