El pasado viernes, el presidente del Congreso, José Jerí, flanqueado por varios parlamentarios, mostraba sonriente la autógrafa que permite el retiro facultativo de fondos de la AFP antes de enviarla a Palacio de Gobierno, y celebraban la norma como un gran logro del Parlamento.
Convenientemente, los legisladores olvidaron que fueron ellos los que aprobaron la ley previa, solo con 38 votos, que en la práctica secuestraba los fondos de los trabajadores, al impedir el retiro del 95.5% de lo aportado u obligar a que se entregue un porcentaje de los ingresos por recibos por honorarios.
El Congreso no tuvo nada que ver en la marcha atrás de esto, fue la presión popular la que los llevó a que parcharan, a medias, la llamada reforma previsional que más parecía favorecer a las administradoras de fondos de pensiones.
Ayer, la norma fue promulgada por la presidenta Dina Boluarte y hoy entra en vigencia. Si bien todos los que tienen la posibilidad de retirar sus fondos respiran aliviados hay que ver la figura completa: apenas un tercio de la Población Económicamente Activa (PEA) aporta regularmente. La mayoría, atrapada en la informalidad, queda fuera de cualquier expectativa de pensión. Pretender que el país sostenga su vejez con este esquema, es ingenuo e irresponsable.
