Los impuestos son contribuciones que los ciudadanos pagamos en favor del Estado, para que pueda cumplir con diferentes obligaciones, desempeñando así el papel de redistribuidor de ingresos.

El régimen tributario se rige por principios básicos, entre ellos el de igualdad, legalidad y certidumbre, a fin de gravar sin confiscar.

La presión tributaria (PT), relación entre ingresos recaudados por el gobierno por concepto de impuestos y el Producto Bruto Interno nos permite evaluar la capacidad estatal para el cumplimiento y calidad de los servicios que debe brindar.

Los países europeos de la OCDE, tienen una PT de alrededor del 34%, en América Latina es alrededor del 21.5% y en Estados Unidos 25.1%, mientras que en Haití es de alrededor de 5%. La proyección de la PT de Perú para 2025 es del 15%, más cerca de la de Haití que la de países desarrollados.

Nuestra baja presión tributaria no solo es consecuencia de una gestión ineficiente, sino que obedece a una visión impositiva que afecta indiscriminadamente con el Impuesto General a las Ventas (IGV), mientras permite la evasión y la elusión fiscal, pero, sobre todo, fomenta las exoneraciones tributarias por favores y presiones políticas.

La informalidad económica es en parte responsable de esta situación cuando la mayoría de la fuerza laboral (alrededor del 70%) carece de beneficios sociales y las empresas pequeñas y medianas no tienen la protección del Estado.

Nuestra baja capacidad para recaudar impide que el Estado pueda brindar servicios adecuados en educación, salud, justicia e infraestructura. Necesitamos frenar la evasión tributaria, la corrupción y el patrimonialismo, así como necesitamos formalizar nuestra economía.