El término “inseguridad ciudadana” es usado por las autoridades y por la prensa para describir la violencia y criminalidad urbana que nos afecta gravemente. No son conceptos iguales ni siquiera similares. No se puede ni debe suavizar la situación de inseguridad usando un concepto demasiado débil frente a la cruda realidad. La inseguridad, en su forma más superficial, alude a una sensación de vulnerabilidad, de miedo que experimentamos ante el peligro de perder la vida. Es como identificar derecho a la seguridad con derecho a la vida, siendo éste el núcleo del estado de derecho. Las cifras van más allá de la percepción y el temor. La criminalidad alcanza niveles alarmantes, con más de seis asesinatos diarios, el Perú está considerado como el sexto país más violento de latinoamerica, dato que apenas ha recibido atención, que revela un problema que se acrecienta y no se reduce a solo una sensación de miedo. El gobierno no logra controlar ni disminuir la criminalidad urbana que a través de la extorsión deja muertos, desintegra familias y comunidades, cierra pequeñas empresas, socava el turismo y mella la confianza en la democracia. La sociedad, no solo la ciudadanía, necesita que el gobierno se enfrente a la criminalidad desbordada, con la suficiente fuerza pública y con patrullajes armados disuasivos. La gente ha salido varias veces a las calles con este reclamo extremo y no percibe la protección del Estado. La inseguridad colectiva se combate con presencia del Estado, proximidad, inclusión y comunicación. Una política de seguridad moderna necesita atender ambas dimensiones sin confundirlas. Hacemos creer que el problema es menor o que hay que combatir solo la percepcion que nos angustia. Que se difundan los planes que implementa el gobierno con los resultados. Criminales y delincuentes no pueden ganar esta guerra al Perú.
