Este viernes debe conocerse ya de manera formal que Keiko Fujimori será la única precandidata de Fuerza Popular y, por ende, su candidata a la presidencia de la República.
El momento le es favorable a la hija de Alberto Fujimori. El inminente archivo del Caso Cocteles constituye, sin duda, el impulso más contundente para no ceder en una decisión ya tomada y podría derivar en que, a diferencia de las dos elecciones anteriores, enfrente la campaña sin investigaciones fiscales que han sido usadas como granadas de guerra dispuestas a detonar en el mejor momento de su ubicación en las encuestas.
Es en ese contexto que algunos analistas políticos como Juan Carlos Tafur han solicitado que Keiko renuncie a su candidatura “por el bien del Perú” porque su presencia en la contienda atiza la polarización y convierte a su oponente, cualquiera que este sea, en el virtual ganador en una segunda vuelta.
Es cierto que el “antifujimorismo” es una fuerza avasallante y demoledora, pero también lo es que ha sido alimentada por una maquinaria político-judicial que ha incluido a operadores de justicia, medios de comunicación, ONG y a la trinchera ideológica con más poder institucional: Los caviares. Pese a ello, Keiko estuvo a nada de ganar las dos últimas elecciones.
Pese a los graves errores cometidos por el fujimorismo desde los albores de su existencia, si en una segunda vuelta se opta por un Pedro Castillo, vinculado al Conare-Sutep y que llevó al terrorista Guillermo Bermejo en su lista congresal, en vez de Keiko que tenía a Luis Carranza como jefe del plan económico, ¿la culpa es de Keiko o de los electores?
Fujimori va a polarizar y se va a volver a correr el mismo riesgo de elecciones anteriores, pero conculcarle su derecho a postular es antidemocrático, injusto y desmedido.
