El Perú atraviesa por una nueva etapa de crisis y polarización, un fenómeno que se agudizará conforme se aproximen las elecciones generales. En particular, la inseguridad ciudadana, que afecta directamente a millones de peruanos que vivimos bajo amenaza, se sitúa en estos momentos como un tema central en la agenda política.
En este contexto, emerge una creciente discusión sobre la conveniencia de denunciar el Pacto de San José y la consecuente salida de nuestro país de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH). Este debate, justificado o no, es consecuencia de una reiterada conducta que se percibe como ideologizada por parte de esta instancia internacional, y que interfiere de manera desproporcionada en la soberanía jurídica nacional. Su actuación, a menudo favorable a terroristas y otros criminales, genera un profundo descontento en la población y, además, es vista como una forma de persecución contra las fuerzas del orden.
En el frente interno, la cofradía progre-caviar, cual cardumen marino, intenta sembrar confusión a través de una orquestada campaña de desinformación con el fin de debilitar la ley mencionada. Además, el comportamiento prevaricador de jueces, magistrados y operadores de justicia, y activistas de esta línea ideológica, inaplican esta y otras normas que benefician a las fuerzas del orden. Estos jueces, además, utilizan de manera cuestionable la institución jurídica del control difuso, aplicando las leyes de manera selectiva, beneficiando a los delincuentes mientras perjudican a quienes defienden la seguridad nacional.
La campaña electoral recién empieza y, claramente, este tema delimitará la cancha y marcará el punto de partida.
