Cada día que pasa, la agenda política se concentra más en lo electoral, y no es de extrañar. La última semana venció el plazo para inscribir precandidaturas donde destacan personajes que integran las fórmulas presidenciales de tres partidos que, en los próximos meses, ocuparán la atención mediática.
El primero es Martín Vizcarra, quien acumula tres inhabilitaciones que le impiden postular. Aun así, insiste en la narrativa de la “persecución política” y busca que la CIDH lo habilite antes del 23 de diciembre de 2025.
El segundo caso es el del condenado exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, que ha replicado el modus operandi de Vizcarra, inscribiéndose como precandidato a la vicepresidencia pese a que la ley prohíbe la participación de quienes cuentan con condena en primera instancia.
Finalmente, Morgan Quero, quien según el ROP registró su afiliación el 12 de marzo de 2025, por lo que tampoco cumpliría con el requisito legal, pues el plazo para afiliarse y participar en las elecciones primarias de las EG2026 venció el 12 de julio de 2024. Para justificar su postulación, estaría presentando un documento notarial que lo haría figurar como afiliado antes del vencimiento del plazo antes referido, fecha en que, dicho sea de paso, el partido no estaba inscrito dado que culminó este proceso el 17 de enero de 2025.
Ante ello, cuando se formalicen las candidaturas, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro deberá actuar con firmeza y declarar improcedentes las fórmulas completas, no solo las candidaturas individuales. No se trata de un trámite administrativo, sino de la defensa de la ley y del respeto al elector. En democracia, las reglas valen para todos o no valen para nadie.
