La reforma electoral aplicada para los comicios 2026 está marcada por la dinámica de las primarias, la masiva concurrencia de postulaciones y la incidencia de superar una barrera electoral para acceder a una representación parlamentaria. No obstante, el problema que las reformas deben resolver es la crisis de gobernabilidad que azota al país desde 2016, la cual solo cesará cuando redimensionemos el ejercicio de la política en el fuero congresal. Un parlamento con más de cuatro partidos políticos no favorece la gobernabilidad.
En un régimen político sin un sistema de partidos consolidado, la dirección de las reformas electorales debe virar desde la mera representatividad de pluralismo absoluto en el pleno hacia un óptimo dimensionamiento que permita la gobernabilidad y una fiscalización responsable. La incapacidad para articular mayorías sólidas, coherentes y estables en el hemiciclo ha degenerado en una constante fricción institucional. Una coyuntura que ha producido la actual y progresiva debilitación del aforo constitucional del jefe de Estado, donde la duración del mandato se encuentra en permanente riesgo por el mecanismo más desestabilizador y nuclear: la vacancia presidencial.
La instalación del futuro Congreso bicameral exigirá al gobierno construir una mayoría con bancadas afines a su política, sumada a las destrezas del jefe de Estado y su jefe de gabinete, lo cual demandará una profunda moderación de las propuestas de gobierno y la voluntad inequívoca de buscar el consenso. De no lograrse, el país continuará en una crisis política corriendo el riesgo de una insana normalización interna y una preocupante merma en su observancia regional.
