Ayer se promulgó la Ley N.º 32330, que modifica el Código Penal y permite que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos por delitos graves. La medida responde a una demanda comprensible: que nadie, por más joven que sea, quede impune si comete crímenes como sicariato, violación o asesinato.Pero que sea necesario no significa que esté bien implementado. ¿Está el Perú preparado para tratar penalmente a estos jóvenes con criterios distintos a los que aplica para adultos? ¿Contamos con centros penitenciarios adecuados, programas de rehabilitación reales, personal capacitado en tratamiento diferenciado? ¿O simplemente terminarán mezclados con delincuentes consumados en penales hacinados, violentos y sin perspectiva de reinserción?El Perú arrastra décadas de fracaso en su política penitenciaria. Convertir a adolescentes en imputables sin una verdadera reforma del sistema es apostar por el castigo sin redención. La ley dice promover un “tratamiento individualizado”, pero la experiencia nos enseña que sin voluntad política ni recursos eso quedará en el papel.La justicia no es solo castigo. También es oportunidad de cambio. Si el Estado quiere ser severo, que también sea justo. Y si va a encerrar, que también sepa reeducar.
