La suspensión de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, por desacatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia que ordenaba la repostulación de Patricia Benavides, marca un punto de quiebre en la relación entre poder y legalidad en el Perú. No es un mero trámite disciplinario: es un recordatorio de que nadie puede estar por encima de la ley, ni siquiera la máxima autoridad del Ministerio Público. El principio de legalidad es la columna vertebral de todo estado de derecho. Cuando una funcionaria de tan alto rango se resiste a acatar una resolución vinculante, se erosiona el orden institucional y se envía un mensaje peligroso de impunidad. La decisión de la Junta Nacional de Justicia, firme y necesaria, restablece la autoridad de la norma y recuerda que el respeto al marco legal no es opcional ni negociable. Esta suspensión tiene, además, un valor ejemplar para la ciudadanía: enseña que la independencia de la fiscalía no es licencia para desafiar la ley ni para imponer criterios personales sobre resoluciones obligatorias. La autonomía institucional se ejerce dentro del orden jurídico, no al margen de él. En tiempos de crisis de confianza en las instituciones, la JNJ ha dado una señal clara de que las reglas deben cumplirse. El Perú necesita instituciones que hagan respetar la ley, no que la relativicen según conveniencia. La arbitrariedad, venga de donde venga, mina la democracia y por eso esta prohibida, La lección es sencilla y poderosa: podremos avanzar hacia un verdadero estado de derecho, en el que las instituciones no estén al servicio de personas, sino de la Constitución y la justicia. Felicitaciones por la designación de Tomás Galvez, magistrado de excelente formación y afán de justicia, que también sufrió el maltrato de su institución en sus devaneos de su malsana politización.
