Nada puede estar más claro en el Perú de estos tiempos como la necesidad de llevar a cabo una reforma del sistema de justicia, especialmente del Ministerio Público, que bajo el mandato de la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se ha convertido en un agujero negro politizado e ineficiente que no es ninguna garantía para la lucha contra la delincuencia común y la corrupción. Sin embargo, los urgentes cambios no pueden ser llevados a cabo por el Congreso que estará en funciones hasta julio del próximo año.
Es verdad que el actual Parlamento cuenta con legitimidad legal para ejecutar la tan ansiada reforma que se necesita para terminar con los abusos, las patinadas, las parcializaciones, los sesgos que desvirtúan las investigaciones y fallos, las ineptitudes, los shows de ciertos fiscales mediáticos, la prepotencia de algunos jueces que desconocen la separación de poderes y hasta las complicidades con los criminales que son liberados con suma facilidad a pesar de las evidencias.
No obstante, si queremos una reforma que sea aceptada, respetada por todos y sostenible en el tiempo, no la puede hacer un Congreso plagado de delincuentes, pillos y hasta brazos políticos de economías ilegales. Además, recordemos que actualmente hay alrededor de 40 legisladores con denuncias constitucionales ante el Ministerio Público que más adelante podrían llegar al Poder Judicial. ¿A esta gente se le puede encargar una reforma?, ¿acaso se va a permitir que sean juez y parte?
Dicho esto, es evidente que sería mejor que la reforma sea llevada a cabo en su totalidad por el próximo Congreso bicameral, donde se supone, sí, se supone, habrá mejores elementos que los célebres “niños”, los “mochasueldos” y defensores del golpe de Estado de Pedro Castillo. Claro, para esto tendrá que haber un acuerdo políticos entre todas las fuerzas y la sociedad debidamente representada, pero no en ciertas ONG que hoy son parte del problema, sino en verdaderas entidades que lleven la voz del ciudadano.
Esta será la única forma que tendrá el país de librarse, de raíz, de fiscales y jueces que juegan en favor de sus agendas políticas, sus intereses y sus bolsillos, y no trabajan por el bien del ciudadano que vive a merced del sicario, del extorsionador, del ladrón; o de los políticos que le mete la mano al bolsillo y más tarde, por culpa de malos magistrados, terminan victimizándose y con posibilidades de volver a un cargo público en lugar de estar tras las rejas.
