Mientras Lima y Callao siguen bajo estado de emergencia, la realidad, implacable, expone su peor cara a pesar de los esfuerzos que trata de mostrar el nuevo gobierno del presidente José Jerí: las extorsiones y asesinatos de transportistas se multiplican sin que se logre frenar la ola de terror, tanto así que los gremios del transporte han convocado un paro para el 4 de noviembre, hartos de que los sigan matando.
Los transportistas, el sector más golpeado por la ola de violencia, dicen que el estado de emergencia es “más de lo mismo”. Indican que detrás de los patrullajes televisados y los discursos enérgicos, no hay plan, estrategia ni resultados, como para replantear todo lo que se venía haciendo.
Lo más grave es que la delincuencia no solo está fuera, sino dentro de la propia Policía Nacional del Perú (PNP). Las denuncias sobre agentes que cobran “cupos” de S/10 a transportistas en Ventanilla confirman que la corrupción ha carcomido la institución desde adentro. Insistimos en la necesidad de una reforma y gran purga de malos elementos en dicha institución, algo de lo que ha hablado el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.
Aunque el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, aseguró que se actuará “con absoluta dureza”, la frase suena más a rutina que a compromiso real.
Cada asesinato de un conductor, cada extorsión impune, cada agente corrupto, son recordatorios de que lo que se necesita son resultados tangibles.
