Esta semana culmina con la excarcelación de Martín Vizcarra y Betssy Chávez, muertes por encargo y la barbarie de acciones terroristas en Trujillo.
El habeas corpus que otorga la libertad a Chávez Chino, señala “que el Ministerio Público no presento con la antelación suficiente el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva (...) y lo hizo un día antes de su vencimiento, lo que tornó prácticamente imposible que se resuelva dicha incidencia dentro del plazo original de la prisión preventiva, tomando en cuenta que debe convocarse a audiencia y la defensa debe prepararse”.
Si tal negligencia ocurre con un caso vinculado al golpe de Estado de Pedro Castillo, ¿qué suerte pueden tener otros que no tienen la trascendencia del mencionado? Es una vergüenza para el Ministerio Público y la fiscal de la Nación lo expresado por el Tribunal Constitucional. En la excarcelación de Vizcarra se señala que tanto para las imputaciones relacionadas a las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua existen graves y fundados elementos de convicción que permiten sostener sospecha fuerte en la comisión del delito de cohecho pasivo propio. Se libera a Vizcarra al considerar que ha demostrado arraigo domiciliario, laboral y familiar, criterios que el mismo Poder Judicial en casos similares no había aplicado. No obstante, la responsabilidad penal de Vizcarra según la misma resolución está demostrada, en consecuencia, su “libertad es preventiva”. La pregunta es por qué lo privas de libertad y luego lo liberas en un contexto electoral, donde el beneficiado se victimiza y hace política.
De otro lado, en medio de las acciones terroristas ocurridas en Trujillo, la Iglesia Católica emite un comunicado pidiendo a los jueces que inapliquen la ‘Ley de Amnistía’ que favorece a quienes lucharon contra los terroristas. Las grietas institucionales de nuestro país son muy profundas.
