La condena de 15 años de prisión por “afiliación a la organización terrorista” Sendero Luminoso del Vraem (SL-Vraem) contra el congresista Guillermo Bermejo no solo marca el fin de un largo proceso judicial sino que también expone la irresponsabilidad de los partidos que lo acogieron y promovieron como figura política.

El primero fue Perú Libre, del prófugo Vladimir Cerrón y del golpista Pedro Castillo, que llevó a Bermejo al Congreso pese a las denuncias previas por vínculos con Sendero Luminoso; y luego la alianza electoral Venceremos, que agrupa al partido Nuevo Perú por el Buen Vivir y Voces del Pueblo, que lo tenía como precandidato presidencial para las Elecciones Generales 2026 sin importarle el proceso judicial que enfrentaba.

Que un condenado por afiliación terrorista haya llegado al Parlamento y pretendido llegar a la Presidencia de la República revela cuánto se ha degradado la selección de candidatos y cuán débil es la memoria colectiva frente al horror vivido. Las agrupaciones que lo impulsaron deben rendir cuentas. No se trata de persecución, sino de defender la democracia de quienes intentan infiltrarla con el rostro oculto del extremismo.

El país ya pagó demasiado caro el precio del fanatismo. Tolerar su retorno, por cálculo político o indiferencia, sería repetir la historia sangrienta que padecimos.