Penosa y a la vez indignante la situación por la que atraviesa el sector del transporte público de pasajeros a causa de la desbordada ola de violencia que se traduce en extorsiones y asesinatos como los que vienen ocurriendo a diario, y que también afectan a pasajeros y transeúntes como los que ya han sido alcanzados por la balas de quienes buscan llenarse los bolsillos a punta de amenazas de muerte, valiéndose, claro está, de la inoperancia de las autoridades para hacerles frente.

Según cifras difundidas este martes por el Observatorio del Crimen y la Violencia, solo en lo que va del 2025 han matado a 101 taxistas y mototaxistas, a 79 choferes de colectivos, combis o buses; y 14 “jaladores” de pasajeros como el que hace algunas semanas mataron en plena avenida Faucett, donde dos personas que iban en un vehículo que pasaba por esa vía, resultaron afectadas. Sin ir muy lejos, en la mañana de ayer en la avenida Óscar R. Benavides, en el Callao, han eliminado a tiros a otro conductor de combi y han herido a dos personas más.

Lo que estamos viendo es una matanza, y por eso grupos de transportistas están parando hoy sus actividades. No lo hacen para ampliar sus rutas, ganar más dinero, que les bajen los impuestos o que les eliminen las papeletas. Lo hacen por su vida, porque los están matando, y esos crímenes atroces se están convirtiendo en parte del paisaje de un país con autoridades que han sido sobrepasadas por la violencia extorsiva que no se atacó desde que hace 20 años comenzó en ciudades como Trujillo y Chiclayo.

Las cifras mostradas son de terror y demuestran que lo que se ha hecho hasta ahora para tratar de poner freno a la criminalidad, llámese estado de emergencia, “cuarto de guerra”, prohibición de circulación de motos lineales con pasajeros, graduación acelerada de policías, campañas de bloqueo de celulares y demás, no ha traído los resultados esperados, lo que debería llevar a un urgente cambio de estrategia que pare las extorsiones y los crímenes que traen consigo.

Es de esperarse que el nuevo comando de la Policía Nacional tome medidas para frenar esta ola de violencia que también afecta a bodegueros, pequeños comerciantes, obreros, trabajadores mineros, barberos y demás gente que sale de su casa a trabajar cada mañana, y no sabe si va a regresar. Sin embargo, para que eso ocurra, tiene que haber voluntad política, algo que no se ve en un gobierno improvisado, de espaldas a la realidad y que solo busca sobrevivir hasta julio del próximo año.