A pocos días de concluir su mandato, el presidente José María Balcázar ha colocado nuevamente en el centro del debate nacional la posibilidad de conceder un indulto al expresidente Pedro Castillo. Si bien aclaró que aún no existe una decisión definitiva y que el pedido sigue en evaluación, el solo hecho de mantener abierta esa opción genera una legítima preocupación.
El caso de Castillo no es uno más. Se trata del exmandatario que intentó quebrar el orden constitucional con el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, un episodio que puso en riesgo la democracia y provocó una de las crisis políticas más profundas de los últimos años. Precisamente por la gravedad de esos hechos, cualquier decisión que pueda interpretarse como un beneficio político o judicial debe estar sustentada estrictamente en la ley y no en consideraciones de oportunidad o conveniencia.
Desde el punto de vista jurídico un eventual indulto no resultaría procedente porque el proceso judicial aún no cuenta con una sentencia firme, requisito indispensable para la aplicación de esta figura. Si ello es así, insistir en esa posibilidad no solo abriría un serio conflicto legal, sino que transmitiría un mensaje equivocado: que las prerrogativas presidenciales pueden utilizarse para alterar el curso de la justicia.
