Como si no fueran suficientes los escándalos protagonizados por quienes en su momento han sido señalados como “mochasueldos” en el actual Congreso, ahora sabemos que nueve de ellos han optado por ir a la reelección, cuando lo que se exige es renovación de cuadros y desterrar lo que nos dejan situaciones vergonzantes denunciadas por medios de comunicación, que en ningún caso han llegado, al menos hasta ahora, a la aplicación de verdaderas sanciones.

Se trata de los actuales legisladores Rosio Torres, María Acuña, Magaly Ruiz y Alejandro Soto (todos de Alianza para el Progreso), José Arriola, Heidy Juárez (ambos de Podemos), Hilda Portero (Acción Popular), María Agüero (Perú Libre) y Katy Ugarte (Juntos por el Perú –Venceremos – Bloque Magisterial), quienes como si nada pasara, alistan su campaña para atraer nuevamente el voto de los peruanos que ojalá estén atentos y no se dejen sorprender.

Es verdad que ninguno de estos congresistas ha sido condenado y que se respeta la presunción de inocencia, pero es un hecho que hay graves denuncias contra ellos y que tanto el Poder Legislativo como el Ministerio Público les han hecho el juego al blindarlos o hacer eternas las investigaciones en contra de ellos. Si se trata de lanzar candidatos sin cuestionamientos para evitar situaciones como las vividas desde 2021, las agrupaciones de estas personas están yendo en el sentido opuesto, y eso debe saberlo el ciudadano.

Recordemos que en el pasado el excongresista y actual prófugo Michael Urtecho (Solidaridad Nacional) fue condenado a 22 años de cárcel por “mochasueldos”, lo que deja muy en claro que apropiarse del dinero de los trabajadores parlamentarios, así sean 50 soles, es un grave delito, pues se trata de un robo con el agravante de que todo se hace bajo amenaza de despido, una bajeza sin nombre que ha marcado el quehacer del Congreso del terror que tendremos hasta julio del 2026.

Si el elector exigía caras nuevas y libres de cuestionamientos, pues acá tienen a nueve postulantes que arrastran sindicaciones muy delicadas, todo con la autorización, obviamente, de los líderes y dueños de sus partidos políticos a los que, en todo caso, también habría que hacerles pagar la factura por insistir en más de lo mismo, en más de lo que tanto daño ha hecho al país en los últimos cuatro años y medio, en que se ha “consolidado” un Congreso rechazado por la mayoría de peruanos.