Haber sido elegida por el partido de un prófugo como Vladimir Cerrón y ser parte ahora de una bancada que en su seno tenía a un condenado por terrorismo como Guillermo Bermejo, al que incluso defiende, parece no ser suficiente vergüenza para la legisladora Lucinda Vásquez, quien sin el menor rastro de sangre en la cara tras haber sido sorprendida humillando a los trabajadores de su despacho, ahora ha salido a victimizarse y a decir que se mancilla su “honor” con todo lo divulgado.

Para empezar, es muy cuestionable que Vásquez haya emitido su risible comunicado de descargo usando el logo del Congreso, como si sus afirmaciones fueran un pronunciamiento validado por los 130 legisladores o al menos por la mayoría o la Mesa Directiva, lo cual no es cierto, pues ni siquiera la gente de su bancada que sí apoya a un condenado por terrorismo, la respalda luego de las vergonzantes escenas mostradas el domingo por Cuarto Poder. Y después se queja de “manipulación” y de “distorsión”.

Como no podía ser de otra manera, la legisladora que de “luchadora social” no tiene nada, pero sí mucho de abusiva y prepotente, ha dicho que todo es culpa de antiguos trabajadores de su despacho a los que despidió, y que por eso buscan vengarse de ella para “generar zozobra en su entorno y la ciudadanía”. ¿Y las imágenes de los servidores parlamentarios cortándole las uñas y cocinándole?, ¿son un invento? ¿Quién le ayudó a redactar esto?, ¿acaso su “pedicurista” pagado por todos los peruanos?

Lejos de admitir su grave falta –que más bien podría ser delito– y pedir disculpas a los afectados, a sus colegas congresistas y al país por esas imágenes que ya son parte de la historia del nivel de alcantarilla al que ha llegado el Congreso elegido en 2021, la señora que encima es profesora (¡pobres sus alumnos!), se victimiza, culpa a otros y “ratifica” su “compromiso con la transparencia, la ética, moral y el respeto a la dignidad”. Bueno, pueden reírse nomás. Qué nos queda.

Luego de este comunicado, con más ganas la Comisión de Ética del Congreso debería iniciar un proceso que en cualquier país civilizado debería llevar a sacar de circulación a esta parlamentaria que antes de este escándalo, era una anónima más que jamás se hizo notar, salvo por defender al golpista Pedro Castillo y desde el viernes ser parte de la bancada de un condenado por el Poder Judicial por integrar la banda de los narcoterroristas que matan a militares y policías en el VRAEM.