Todo político y más si es una autoridad pública, no debería tener miedo a ser absolutamente transparente ante la opinión pública que tiene ojos y oídos en los medios. Claro, esto solo es posible solo si el personaje actúa en todo momento con limpieza, y no como muchos de los congresistas que tenemos, que ahora están tratando de endurecer penas por la difusión de contenidos de interés público a través de la prensa, de mensajes de correos electrónicos, Whatsapp y cualquier aplicación de mensajería instantánea.
Esto es un verdadero atentado contra la libertad de expresión, el trabajo de la prensa y el derecho de los ciudadanos a estar informados, –algo propio de cualquier democracia–, que tiene como autor al congresista José Elías Ávalos (APP) y es promovido con gran entusiasmo por su colega Flavio Cruz (Perú Libre), nada menos que presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, todo para dejar mudo al periodismo frente a corruptelas como las ya conocidas.
Con esta norma se pretende impedir que los periodistas, por ejemplo, puedan difundir chats con conversaciones como las famosas esas, en que se exige a los trabajadores parlamentarios que entreguen parte de sus haberes, que “apoyen” sus campañas políticas, o en las que piden trabajo para los amigos o partidarios u otras exigencias al margen de la ley. De haber estado vigente la modificación al Código Penal que ahora quieren imponer, varios “mochasueldos” y otros angurrientos hubieran estado a salvo.
No sorprende que los congresistas Cruz y Elías provengan de partidos con personajes implicados en escándalos de presunta corrupción, empezando por sus propios líderes: Vladimir Cerrón, prófugo; y César Acuña, a cargo de una región famosa por las millonarias licitaciones cuestionadas. Pero más allá de eso, tengamos en cuenta que en las bancadas de ambos hay integrantes acusados por diversas irregularidades. El intento de mordaza a los medios es más que evidente.
Es de esperarse que este complot para silenciar a los medios e impedir que el ciudadano conozca cualquier irregularidad que pueda cometer una autoridad, sea enviado al archivo y quede como un mal recuerdo de estos legisladores que una y otra vez han intentado limitar el trabajo de los periodistas con la clara intención de no ser puestos al descubierto en algún chanchullo. ¿Qué vendría después?, ¿cerrar las puertas del Parlamento a los medios y solo pasarles notas de prensa con lo que los congresistas quisieran que se difunda?
