La “jugada” hecha por Rafael López Aliaga de, en la práctica, postular a la reelección a la Alcaldía de Lima cuando la Constitución lo prohíbe expresamente, es una sacada de vuelta a la legalidad, una viveza que en cualquier país civilizado tendría que ser corregida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que debe hacer respetar el espíritu de lo señalado en la Carta Magna, más allá de cualquier recurso abogadil propio de una clase política cada vez más venida a menos.
Lamentablemente el JNE ya dio un paso en falso al permitir que López Aliaga no asuma la función de senador para la que el líder de Renovación Popular pidió el voto de los ciudadanos, con lo que quedó habilitado para aspirar al cargo de teniente alcalde de Lima, pues no podía hacerlo para burgomaestre por estar impedido expresamente por la Constitución. Sin embargo, ahora, tras la renuncia de quien fue puesto como cabeza de la lista, Luis Rubio, el exalcalde apunta a una reelección encubierta.
Pero no es el único. Hay otros alcaldes en Lima y diversas zonas del país que están optando por la misma sacada de vuelta a la Carta Magna para atornillarse en el cargo. Allí está, por ejemplo, el escandaloso caso de San Miguel, donde Eduardo Bless aspira a mantenerse en el sillón municipal. Recordemos que este personaje ya fue teniente alcalde en una gestión anterior cuando no pudo repetir el plato. Ahora, de manera más abierta y hasta descarada, aspira a seguir manejando los destinos de su distrito a través de una triquiñuela legal.
Es verdad que la última palabra en materia electoral la tiene el ciudadano, que es el soberano que va a la urna y decide por este o por aquel. También es cierto que la Carta Magna consagra el derecho de las personas a elegir y ser elegidas. Sin embargo, para ser candidato hay que cumplir primero con las leyes, y en especial con lo señalado –guste o no– por la Constitución, que en estos casos está siendo burlada por criolladas alimentadas por vacíos legales.
Si tenemos un JNE que lleve los pantalones bien puestos y realmente administre justicia en materia electoral, debería ponerle el alto a las aspiraciones reeleccionistas de López Aliaga, Bless y compañía. En las diferentes regiones del país los casos similares son muchos. El espíritu de la Carta Magna es que gobernadores regionales y alcaldes no pueden repetir el plato, y eso debe ser respetado. Si el colegiado a cargo de Roberto Burneo deja que se burlen en la cara de la ley de leyes, ¿para qué está?
