La inhabilitación para ocupar cargos públicos por 10 años de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, implicada hasta el cuello en el intento de golpe de Estado de su entonces jefe, el exmandatario Pedro Castillo, debería ser apenas un mero trámite en el Pleno del Congreso tras su aprobación en la Comisión Permanente, pues es evidente que esta señora fue parte de la camarilla que pretendió imponernos en el Perú una eterna dictadura bananera.

Recordemos que en su infame proclama golpista del mediodía del 7 de diciembre del 2022, el cabecilla de la intentona no solo anunció el cierre del Congreso y la toma total del sistema de justicia, sino también la convocatoria a una asamblea constituyente para elaborar una nueva Carta Magna. ¿Cuál fue el amparo legal? Ninguno. Todo fue al caballazo puro y duro. Si solo este punto no es una grave infracción a la Constitución que Chávez juró respetar, entonces de qué estamos hablando.

Además, resultaría un absurdo total que una golpista que pretendió traerse abajo la separación de poderes, el sistema judicial y a la propia Constitución, simplemente porque a Castillo, a ella y a Aníbal Torres se les ocurrió, entre a trabajar en alguna dependencia pública. Sería un verdadero peligro. Es como permitir que al ladrón que nos trató de robar el auto y que fue detenido en el intento por la policía, nosotros le demos trabajo como nuestro chofer. ¿Usted, estimado lector, lo haría? Yo no.

Por eso, el Pleno del Congreso debería sancionar políticamente a Chávez con la inhabilitación para ejercer por 10 años la función pública, más allá de la situación que afronta por la vía penal, donde además es un hecho que será condenada. No sorprende que las bancadas de izquierda se opongan a esta medida. Miren cómo apoyan a los regímenes Venezuela y Cuba. A sus integrantes les encantan las dictaduras siempre y cuando los quiebres democráticos no vengan desde la derecha o el fujimorismo.

Si Chávez necesita trabajar de acá hasta el día en que salga su condena, debería buscar un puesto en el sector privado. Quizá algún estudio jurídico le abra las puertas. Tiene derecho a buscar empleo donde mejor le parezca, pero no es un Estado que ella pretendió dinamitar desde dentro a través de una asonada que se desmoronó a los pocos minutos porque los ministros –incluso los más ayayeros– salieron espantados antes de ir presos, y porque las instituciones del país dieron las espaldas a los asaltantes del poder.