El retorno del Senado ha generado un debate sobre su papel dentro del nuevo Congreso bicameral. Si bien será una Cámara que carece de iniciativa legislativa, la Constitución le otorga una función revisora, lo que puede convertirla en una instancia decisiva para la producción normativa. En ese sentido, su papel implica la posibilidad de modificar o rechazar los proyectos provenientes de la Cámara de Diputados, iniciando entre ambas un espacio de constante negociación política entre ambos hemiciclos.
En los bicameralismos, la revisión legislativa suele generar cambios sustanciales en el contenido de las leyes. De este modo, el Senado ejercerá una influencia indirecta pero determinante, su interacción con los diputados se guiará por el cálculo político para alcanzar consensos. Una coyuntura presente en otros sistemas, como el presidencialismo estadounidense, donde el Ejecutivo impulsa proyectos mediante sus aliados parlamentarios. Por eso, nada impide que los diputados terminen adoptando las observaciones del Senado.
Desde la perspectiva constitucional, la división de competencias en un Congreso bicameral busca evitar la concentración del poder y fortalecer los mecanismos de control y equilibrio; sin embargo, su eficacia dependerá menos del diseño normativo senatorial que de la realpolitik. La calidad de la renovación parlamentaria, la capacidad para construir mayorías ante la fragmentación de bancadas y el ejercicio de liderazgos definirán la dinámica entre las cámaras y su relación con el Ejecutivo.
La clave para el éxito de la bicameralidad será la capacidad de los parlamentarios para fomentar una deliberación continua y respetuosa de las reglas institucionales, fortaleciendo la representación democrática y la viabilidad de nuestra forma de gobierno.
