Lo que comenzó como una marcha pacífica y bien llevada contra el gobierno y la crisis política que vivimos, y que tiene como telón de fondo una incontrolable ola de violencia en las calles, terminó transformándose desde las siete de la noche del miércoles –previo encendido de fuego frente al Congreso– en una jornada de violencia en las calles del Centro de Lima, que ha ocasionado una muerte por herida de bala y 100 heridos, 89 de ellos efectivos de la Policía Nacional.
La lamentable muerte cerca de la Plaza Francia de Eduardo Ruiz Sáenz (32) a manos de un policía perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) identificado como el suboficial de tercera PNP Luis Magallanes, es un hecho que todo el país lamenta, y es de esperarse que el Ministerio Público y el Poder Judicial hagan que todo el peso de la ley caiga sobre este mal efectivo que ya está bajo arresto. En igual situación se encuentra el otro agente al que se ve en un video que hace disparos al aire.
Si la orden dada por el comando policial era que que los agentes no usen armas, las investigaciones tendrán que establecer por qué este mal policía que iba de civil, abrió fuego contra el manifestante luego fallecido, y con su mala acción dio combustible a voces desestabilizadoras que sin pesquisas de por medio, pretenden hacer ver este hecho cometido por un agente, como parte de una “orden superior” para eliminar a mansalva a quienes han salido a las calles a hacer uso de su derecho a la protesta pacífica.
Pero de igual forma, tiene que identificarse, con nombre y apellido, a quienes convirtieron una movilización pacífica y con amparo en nuestro sistema legal, en una brutal trifulca. Hubo gente que acudió preparada para provocar y atacar con bombardas, bombas molotov, palos y piedras a los agentes de la Policía Nacional. Incluso un efectivo fue golpeado en el piso en el cruce de Ocoña con jirón de La Unión. Son los que atacan y luego cuando la autoridad reacciona, gritan “represión” o “asesinos”.
Ayer en el Congreso no prosperó un intento de la izquierda radical por censurar a la Mesa Directiva a la que pertenece José Jerí. Buscaban sacarlo de Palacio de Gobierno para poner como presidente encargado a alguien afín a su ideología, quizá Susel Paredes o Flor Pablo, ambas elegidas por el fantasmal Partido Morado. Así sucedió en noviembre del 2020 tras la caída de Martín Vizcarra y la muerte de dos jóvenes en el Centro de Lima. Por ahora las cosas no les han salido como hace cinco años, pero sin duda van a insistir. Cuidado.
