La crisis energética que hoy golpea al transporte en el Perú vuelve a poner en evidencia una constante preocupante en la gestión pública: la incapacidad para anticipar problemas que, tarde o temprano, terminan trasladándose a los ciudadanos. La falta de gas natural vehicular (GNV) y el incremento del precio de combustibles alternativos han empujado a los transportistas de carga a un paro indefinido que empieza hoy y que amenaza con afectar el abastecimiento de alimentos en todo el país.
No se trata de una protesta menor. Los gremios que han decidido tomar esta medida agrupan a empresas propietarias de cerca de 200 mil vehículos de carga a nivel nacional, entre ellos unos 60 mil camiones que funcionan con GNV. A esta paralización se sumarán además asociaciones de taxistas y mototaxistas que, asfixiados por el encarecimiento del GLP y la gasolina, ven cómo su actividad diaria se vuelve cada vez menos sostenible.
El Gobierno ha anunciado que el sistema de gas natural se regularizará el domingo 15 de marzo. Sin embargo, el problema no está solo en la promesa de una solución futura, sino en el impacto inmediato que tendrá esta crisis en los próximos días. Cuando el transporte de carga se detiene, el efecto dominó es inevitable: los mercados reciben menos productos, los costos logísticos se disparan y los precios de los alimentos comienzan a subir. En un país donde millones de familias ya viven con presupuestos ajustados, cualquier alteración en el precio de los productos de primera necesidad se convierte en un golpe directo a la economía doméstica.
