No creo que el gobierno no quiera hacerse cargo del crimen organizado, como tampoco pienso que los choferes sean las únicas víctimas de la delincuencia. Sin embargo, el anuncio de los dirigentes de transportes, de acatar un nuevo paro, sólo perjudica a quienes utilizan este servicio, en lugar de sentarse a establecer estrategias de corto y mediano plazo que combatan a quienes originan este caos social.
La reacción de los transportistas le da más poder al crimen organizado, cuyos cabecillas acrecientan su mala fama cada vez que los medios de comunicación reportan un hecho sangriento contra un conductor. ¿Acaso creen que cada paro del servicio de buses asusta a los asesinos? De ninguna manera. Ya sabemos que es una presión para que el gobierno frene ese baño de sangre.
Crear una unidad policial especial requiere también capacidad fiscal y judicial para atender la cantidad de investigaciones y denuncias que originará. Lo mismo ocurrió años atrás con las extorsiones en el sector construcción civil, lo que promovió la conformación de una élite de agentes, seleccionados de manera exclusiva para frenar el cobro de cupos en las obras públicas y privadas. Tampoco sirvió.
Nadie quiere que maten más peruanos, como tampoco deseamos que el sector transporte castigue a los miles de trabajadores que utilizan su servicio. Martín Ojeda, un curtido dirigente del sector, ha asegurado que si se incrementa el número de víctimas al volante continuará la paralización de labores por más horas, apenas unos días después de sentarse con el Ejecutivo para dar alternativas frente al crimen. ¿Así fue el acuerdo?
