Sería bueno que los peruanos sepamos cuál es el mérito político, académico o profesional de la procesada Betssy Chávez como para que el congresista castillista Roberto Sánchez, en desesperada campaña por la reelección, haya solicitado que sea contratada en su despacho parlamentario luego de librarse de la prisión preventiva por un “error” del Ministerio Público, mas no porque no existan motivos de fondo para que espere tras las rejas su condena por golpista.

Recordemos que Chávez jamás ha sido alguien en la política nacional ni de su región, hasta el momento en que fue elegida por Perú Libre, el partido de un actual prófugo de la justicia que proponía imponer en el Perú una eterna dictadura comunista. También se sabe de la denuncia de plagios en la tesis que le permitió sacar su título de abogada en una universidad tacneña y que como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo fue un tremendo desastre, al extremo que el Congreso la censuró.

Además, ella fue cómplice de Pedro Castillo en el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Fue ella quien llevó a los periodistas de la televisora estatal a Palacio de Gobierno para la emisión del mensaje que daba una patada a la democracia y la constitución, luego del cual terminó abrazada del cabecilla y del tercer socio, Aníbal Torres, con la intención posterior de ir a su oficina a redactar normas que iban a dar “viabilidad” al régimen de facto que acaban de instaurar en el país.

¿Qué puede aportar una golpista sin mayores brillos profesionales al trabajo parlamentario? Nada de nada. ¿Qué hace en el Congreso un personaje que quiso mandar a los tanques y a la tropa a cerrarlo por la fuerza para gobernar al lado la Castillo al margen de la legalidad? Con qué derecho Sánchez le ofrece un sueldo pagado por todos los peruanos a quien es un comprobado peligro para la democracia y la libertad de los ciudadanos. Si quiere que le dé plata de su bolsillo para sus gastos personales.

Si algo de dignidad le queda a este Congreso, donde en teoría hay un “bloque democrático” que es mayoría frente a los elegidos por el partido de Vladimir Cerrón y sus aliados de la agrupación de Sánchez, debería oponerse a que Chávez trabaje y cobre un sueldo de una institución que quiso borrar del mapa simplemente porque a ella y a la camarilla que integraba se les ocurrió. Si el Poder Legislativo cree en la democracia, debería cerrarle las puertas a cualquier golpista.