“No aclares que oscurece”, dice el viejo refrán, y el RENIEC acaba de darle una lección práctica al país. En su afán por “transparentar” el padrón electoral, la entidad ha cometido un error monumental: exponer los datos personales de 27 millones de peruanos. Sí, en nombre de la transparencia, se vulneró la privacidad de casi toda la Nación.
En un país donde la delincuencia organizada, el sicariato y la extorsión son parte del paisaje cotidiano, permitir que cualquiera acceda con un simple clic a nombres, direcciones y números de DNI es una irresponsabilidad mayúscula. Lejos de proteger la identidad de los ciudadanos, el RENIEC los ha dejado a merced de quienes viven del delito.
Lo más indignante es la reacción de la institución: minimizar el escándalo. Con una frialdad burocrática, el RENIEC asegura que “la lista del padrón inicial no es una base de datos” y que “la información está segura”. Como si las direcciones personales fueran estampillas públicas o los DNI, souvenirs digitales. Y para rematar, se escuda en la ley electoral para justificar su “error técnico”, una defensa tan absurda como peligrosa.
El Ministerio de Justicia y el Congreso ya han advertido sobre la gravedad del hecho y exigen que se retire la información de acceso público. Pero el daño ya está hecho: millones de ciudadanos se sienten expuestos, vulnerados y desprotegidos por el mismo Estado que debía garantizar su seguridad. Lo ocurrido no es un simple “desliz técnico”, sino una negligencia inaceptable.
