La condena a quince años de prisión contra el congresista Guillermo Bermejo por el delito de terrorismo representa un golpe directo al proyecto político de la alianza electoral Venceremos conformada por los partidos Voces del Pueblo y Nuevo Perú. Su exclusión de toda contienda es automática, esto de acuerdo al artículo 34-A de la Constitución que prohíbe la postulación de sentenciados en primera instancia por delitos dolosos.
Asimismo, este fallo significa un duro golpe a la credibilidad de Perú Libre, el partido que lo llevó a ocupar una curul y que, como tantas agrupaciones, abrió sus puertas al radicalismo disfrazado de representación popular. Bermejo no es solo un individuo con pasado oscuro, sino el síntoma de un sistema político enfermo por el oportunismo. Un sistema donde se prioriza postular y cumplir con presentar las listas al Congreso, por encima de la calidad moral de los candidatos y de la construcción de partido políticos sólidos.
Lo esencial de este fallo es entender que el terrorismo no solo destruyó vidas, sino que también intentó quebrar el alma del Perú. Permitir que su eco resuene, encarnados en personajes con ambiciones de poder, es traicionar la memoria de las víctimas y la lucha de quienes defendieron al país en sus horas más oscuras. Por eso, no podemos seguir normalizando el radicalismo, ni premiando el oportunismo disfrazado de inclusión política.
La democracia necesita límites y memoria activa. Solo así podremos evitar que las voces del pasado, esas que alguna vez trajeron muerte y destrucción, vuelvan a convertirse en las pesadillas del futuro.
