Varios agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron detenidos durante un megaoperativo realizado en la región San Martín, en una intervención que también se extendió a las ciudades de Iquitos y Pucallpa, con el objetivo de desarticular una presunta red criminal dedicada a extorsión, sicariato, tráfico de drogas y robos organizados.
Según informó América Noticias, el operativo fue ejecutado por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) en coordinación con la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, que desplazó un contingente desde Lima. En total, se allanaron 19 inmuebles, entre ellos la vivienda del empresario Willian Ruiz Flores, considerado uno de los principales investigados.
Policías implicados en la organización
Entre los detenidos figuran agentes activos del Grupo Terna, quienes, según la Fiscalía, formaban parte activa de la red criminal. Los investigadores sostienen que estos efectivos aprovecharon su posición dentro de la institución para facilitar extorsiones, encubrir delitos y participar en operativos ilegales.
Las autoridades indicaron que la organización operaba desde hace varios años en la selva norte del país y habría extendido sus actividades a otras regiones amazónicas. Los equipos de inteligencia lograron ubicar los puntos de acción del grupo, lo que permitió ejecutar simultáneamente los allanamientos en Tarapoto, Iquitos y Pucallpa, con el apoyo de unidades tácticas especializadas.
Empresario bajo investigación
Uno de los allanamientos más relevantes se realizó en la casa del empresario Willian Ruiz Flores, quien estaría vinculado al grupo como financista o facilitador logístico. Además, los fiscales y peritos incautaron documentos y equipos electrónicos que serán analizados en las próximas horas.
Los fiscales del crimen organizado, que llegaron desde Lima, participaron directamente en las detenciones y en la recolección de pruebas para sustentar las próximas diligencias judiciales.
Investigación y medidas posteriores
Todos los intervenidos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a dependencias policiales. El Ministerio Público evalúa solicitar prisión preventiva para los principales implicados mientras continúan las investigaciones.
La Inspectoría General de la PNP abrió un proceso interno para determinar responsabilidades administrativas entre los efectivos involucrados. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la detención de sus propios agentes.
El operativo ha generado alarma en la población de las regiones intervenidas, donde los ciudadanos exigen transparencia y una depuración institucional. La Diviac continúa con el análisis del material incautado, que podría revelar el alcance total de la organización criminal y posibles conexiones con otros grupos delictivos.
