Este viernes está programado el desalojo de estas familias, según informaron los propios afectados en una rueda de prensa. (Foto: Referencial)
Este viernes está programado el desalojo de estas familias, según informaron los propios afectados en una rueda de prensa. (Foto: Referencial)

Cinco familias de la antigua población de Morococha (Junín) se resisten todavía en sus hogares a ser desalojados ante el avance de la mina de cobre Toromocho, diez años después que se aprobase la ampliación de este proyecto minero de la compañía china Chinalco.

Estas familias, que integran alrededor de quince personas, son los últimos habitantes que permanecen en la Antigua Morococha después de que el resto de pobladores se hayan asentado en Nuevo Morococha, la urbanización construida por la minera para reubicar a la población.

Este viernes está programado por las autoridades el desalojo de estas familias, según informaron los propios afectados en una rueda de prensa.

“En 2021, la explotación pasa de 117.000 a 170.000 toneladas de mineral por día, es por eso que donde está la población se ha hecho la expansión”, explicó en la rueda de prensa el ingeniero Edwin Alejandro en relación a los movimientos de la minera, y ratificó además las malas condiciones de vivienda en que se encuentran los habitantes.

“Es una situación crítica. Las familias de la antigua ciudad aún están viviendo en condiciones deplorables, sin acceso a servicios básicos, agua, electricidad, etc.”, indicó Alejandro, para quien “es responsabilidad de la empresa minera y el Estado que tengan una vida y reasentamientos dignos”.

La resistencia de la Antigua Morococha es firme pese a la situación de extrema vulnerabilidad que les mantiene sin acceso a servicios básicos, así como a la contaminación y abandono, y denuncian que nunca se han opuesto a trasladarse, pero debe ser acorde a las condiciones que se les había prometido.

“La empresa iba a dar el empleo a los pobladores reasentados”, explicó Alejandro, “pero no lo han hecho con la gran mayoría, por lo que está en una situación aislada”.

Los pobladores, como es el caso de Yolit Alejo, insisten: “Quisiéramos ser reubicados, pero que sea un reasentamiento digno”.

Elvis Atachahua, otro de los representantes de las familias en resistencia, recordó cómo recibieron un primer aviso de desalojo el 31 de julio, al cual respondieron mediante resolución de oposición para recibir, el 15 de septiembre, la noticia de que había sido rechazado por infundado.

El 4 de septiembre, él y otros representantes se sentaron en una mesa de diálogo en la ciudad de Huancayo para tratar, entre otros, el reasentamiento, dentro del marco de la ley la vida y vivienda digna, afirmó Atachahua, y quedaron a la espera de una respuesta por parte del Ministerio de Energía y Minas que, hasta la fecha, no se ha dado.

“Quisiéramos pedir un auxilio, tenemos niños, estamos con las horas contadas, queremos un lugar seguro”, señaló el portavoz, quien aseguró que el nuevo asentamiento, cercano a las instalaciones mineras, a 4.600 metros sobre el nivel del mar, “es más peligroso”, ya que “hay metales pesados”.

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