La gestión de minería responsable y acelerar los proyectos mineros estancados por la excesiva tramitología, son dos puntos claves a considerar en PERUMIN 37, justo cuando se retoma el diálogo para la importancia de desarrollar una Política Multisectorial Minera hacia el 2050.
El gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gustavo De Vinatea, ha puesto énfasis en la oportunidad de tener a los representantes del Ejecutivo, líderes mineros y empresarios en un encuentro donde lo que se busca es ver cómo se hace para que el desarrollo desde el sector minero tenga mayor beneficio para el país.
“Estamos convencidos que lo que necesitamos los peruanos es ponernos de acuerdo en cómo desarrollar a nuestro país, cómo queremos que sea el Perú del futuro”, señaló al hacer referencia a la necesidad de hacer, desde el estado y la empresa, para que el país aproveche la creciente demanda de minerales en el mundo.
“El Estado peruano tiene que acompañar a la inversión. No es un problema solo de energía y minas; si educación, salud, transportes, no acompañan a la inversión en medio de situaciones alejadas, donde hay poca presencia del Estado, la inversión es poco competitiva y poco sostenible”, agregó.
COINCIDENCIAS
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, durante su intervención en la inauguración de EXTEMIN, también se refirió a este asunto y detalló que el Gobierno ha puesto especial interés en la atención de los problemas del sector, pero también para el mejor aprovechamiento de los recursos generados por la actividad minera y que llegan a las comunidades.
Ambos representantes están de acuerdo en que una manera de ampliar la riqueza y los beneficios es en la solución de la tramitología para el desarrollo de proyectos mineros. De Vinatea estima que como está ahora la regulación, la realización de estos planes demora hasta 40 años, un tiempo demasiado largo que afecta no solo a los inversionistas, sino también a las comunidades que requieren la atención de sus necesidades.
En Arequipa, se tienen pendientes los siguientes proyectos:
- Optimización de Cerro Verde (Islay), con US$2,100 millones en cobre (inicio estimado: 2026).
- Pampa de Pongo (Caravelí), con US$1,781 millones en hierro (inicio estimado: 2025).
- Zafranal (Castilla), con EIA aprobado y US$1,900 millones en cobre (inicio estimado: 2026).
- Ampliación La Esperanza, con US$300 millones en oro.
- Don Javier (Yarabamba), con US$600 millones en cobre.
En opinión de Iván Frías, Socio de Auditoría de EY Perúl, estos proyectos permitirán sostener la actividad minera en la región, siempre que se logren condiciones adecuadas para atraer inversiones.
Sostuvo que, pese a su potencial, el Perú enfrenta desafíos que podrían limitar el crecimiento del sector. El país ocupa la posición 40 de 82 jurisdicciones en el ranking de competitividad minera del Instituto Fraser, lo que refleja la necesidad de mejorar en aspectos regulatorios, sociales y ambientales.
“No basta con tener grandes reservas. Debemos reducir la tramitología, descentralizar la toma de decisiones y garantizar un entorno estable que fomente la confianza de los inversionistas”, señaló.
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