El abogado Edison Huamán, defensor del expresidente Ollanta Humala, denunció una supuesta persecución política en el marco del caso Madre Mía, luego de que la Fiscalía formalizara una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en 1992 en la región Huánuco.
Según el letrado, la nueva etapa procesal busca condenar a su patrocinado con pruebas falsas o manipuladas, y responde a un intento de mantener el control del proceso desde Lima.
En entrevista con Canal N, Huamán sostuvo que en 1991, año en que se hallaron restos de 16 personas en Huánuco, Humala se encontraba trabajando en Lima, por lo que no puede ser vinculado a esos hechos. Añadió que los sucesos de 1992, cuando el exmandatario estuvo en la base Madre Mía, solo están relacionados con dos cuerpos hallados en Yanajanca, una zona que -según su versión- no estaba bajo jurisdicción del Batallón 313 ni era patrullada por su personal.
El abogado también criticó la decisión de la fiscal del caso de dividir la investigación por años, enviando la parte de 1991 a la Fiscalía de Huánuco y manteniendo la de 1992 en Lima.
A su juicio, esta maniobra busca mantener la persecución política desde la capital. Asimismo, rechazó el uso de audios archivados sobre supuestas compras de silencio a testigos, señalando que esos materiales ya fueron excluidos en procesos anteriores y no forman parte de la investigación actual.
Huamán acusó al Ministerio Público de desarrollar una estrategia de hostigamiento judicial contra Humala desde 2006, extendida a otros casos como el de los aportes de campaña, por el cual el exmandatario cumple una condena de 15 años.
También sostuvo que el proceso del caso Lava Jato se basó en pruebas falsas y documentos obtenidos ilegalmente de Brasil, lo que —dijo— evidencia irregularidades en los procesos contra su cliente.
La Fiscalía, por su parte, formalizó la investigación por homicidio calificado y desaparición forzada de seis personas entre junio y septiembre de 1992, incluyendo a cuatro exmiembros del Ejército presuntamente subordinados a Humala. Aunque el caso fue archivado en 2009, nuevos hallazgos forenses y testimonios recientes llevaron a reabrir el expediente bajo la calificación de crímenes de lesa humanidad.
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