El Gobierno del presidente José Jerí tiene pendiente anunciar un “paquete de medidas” en respuesta a la movilización social del miércoles 15 de octubre, que dejó como saldo un fallecido y 120 heridos, entre policías (78) y civiles (24), junto a una declaratoria de estado de emergencia. Según el premier Ernesto Álvarez Miranda, esta última se dará, “por lo menos, en Lima Metropolitana”.

Gestiones

El Consejo de Ministros se declaró en sesión permanente, según ha informado la Presidencia. Además, Jerí Oré informó vía X que, en coordinación con su primer ministro, “ha dispuesto que todos los ministerios inicien una política de puertas abiertas”; es decir, el Gobierno buscará “dialogar con autoridades, gremios, y la sociedad civil”.

Álvarez Miranda, por su parte, detalló la noche del jueves 16 que el presidente de la República encargó “preparar un paquete de medidas, y someterlo al debate técnico, en el menor tiempo posible”.

“Vamos a anunciar la decisión del gobierno de declarar en emergencia; por lo menos, en Lima Metropolitana. Pero esto, a diferencia de otras ocasiones, no puede ser simplemente una declaratoria etérea, subjetiva, que no sirva para el ciudadano común”, señaló. Desde entonces, se aguarda que la medida sea oficializada mediante su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Los antecedentes del Gobierno anterior, sin embargo, evidenciarían un estrepitoso fracaso en la implementación de los estados de emergencia.

Sin resultados

La antecesora de José Jerí, la expresidenta Dina Boluarte, contabiliza al menos 21 declaratorias de estados de emergencia en distintas provincias y por diversos motivos, según revisó este Diario, a lo largo de su mandato.

El primer estado de emergencia registrado data del 16 de febrero de 2023, en las provincias loretanas de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, donde el gobierno justificó la intervención por la presencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Poco después, el 12 de marzo, la medida se extendió a provincias del norte debido a los posibles daños por intensas lluvias. En abril, la preocupación se trasladó a zonas de frontera de siete regiones, mientras que en julio el estado de emergencia alcanzó a varias provincias del sur y centro del país, ante el peligro inminente por bajas temperaturas.

En septiembre de 2023, se produjo una declaratoria por déficit hídrico y la inminencia del Fenómeno El Niño en departamentos como Áncash, Cusco, Huánuco, entre otros; y en los distritos de limeños San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, y Piura, debido al aumento de la delincuencia y el crimen organizado.

En octubre, se repitió el mismo panorama en el Cercado de Lima y Lince, a raíz de la delincuencia; y en otras regiones del país por las adversidades climatológicas ya descritas. Esto último, también en noviembre y diciembre.

Sin embargo, la extensión de la medida a distritos populosos como Ate, Comas, Independencia y Villa El Salvador, en septiembre de 2024, agudizó la discusión pública en torno a los aparentes resultados limitados de esta estrategia en cuanto a la lucha contra los asaltos y las extorsiones.

Ya en febrero del 2024, se produjo la declaratoria en Pataz (La Libertad) como respuesta a la minería ilegal y el crimen organizado. Este sería el caso más visible del fracaso de la implementación de dicha medida, pues la provincia se encontraba bajo dicha declaratoria, sumando diez ampliaciones del estado de emergencia, cuando, en mayo del 2025, trece personas fueron asesinadas en un socavón minero. La respuesta del Gobierno a esta masacre fue, una vez más, la ampliación de la medida, sumando once de ellas, e incorporando un toque de queda.

Para septiembre y diciembre del mismo año, distritos de Lima y Callao provincia, entre otras, fueron sometidas a esta declaratoria por la inseguridad ciudadana, así como Lambayeque, aunque esta ante el déficit hídrico.

El inicio de 2025 tampoco marcó un cambio de rumbo: en enero y febrero se repitieron las declaratorias para enfrentar daños por precipitaciones y, en mayo, las regiones amazónicas, del sur y centro del país fueron nuevamente incluidas. En septiembre, alcanzó al Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa.

Análisis

Al respecto, el exdirector de la Policía Nacional (PNP) Eduardo Pérez Rocha cuestionó la eficacia de los reiterados estados de emergencia, declarados en los últimos años, y consideró que la medida “fracasó” por errores en su ejecución y por convertirse en una herramienta de uso político más que operativo.

En diálogo con Correo, señaló que se incumplieron los procedimientos básicos que debían garantizar resultados reales en seguridad y orden interno.

Según explicó, los dispositivos establecían que la Policía Nacional asumiría el control del orden en coordinación con las Fuerzas Armadas, pero en la práctica eso nunca ocurrió. “El plan operativo debía ser diseñado por la Policía, que es la autoridad en materia de orden interno. Sin embargo, los militares solo se limitaron a resguardar a los efectivos policiales durante los operativos de control de identidad, sin participar activamente en las acciones”, afirmó.

El exjefe de regiones policiales como Lima y Arequipa recordó que el estado de emergencia implica la suspensión de libertades fundamentales —como el libre tránsito, la inviolabilidad del domicilio y la libertad personal—, por lo que su uso debería ser excepcional y estrictamente justificado.

“Si se declara el estado de emergencia, lógicamente se tendrían que suspender las actividades multitudinarias, o sea, se ‘acabarían’ las marchas. Pero, de acuerdo a la realidad, esto no se podría hacer. El problema es ese, por eso hay que analizar los pro y contra de que esto se pueda ejecutar”, indicó.