El Poder Judicial autorizó un nuevo requerimiento de extradición contra el expresidente Alejandro Toledo, a fin de que sea procesado en el Perú por presuntos delitos de colusión y lavado de activos agravado vinculados a la concesión del Tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur.
La resolución fue emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho y se fundamenta en la acusación presentada por el Ministerio Público.
De esta manera, el Estado peruano podrá solicitar a Estados Unidos la ampliación del proceso de extradición concedido en 2023, pues los hechos señalados no fueron parte del pedido inicial que permitió su entrega.
De acuerdo con la investigación fiscal, Toledo habría favorecido de manera irregular al consorcio Intersur Concesiones, encabezado por la constructora Camargo y Correa, durante el proceso de adjudicación del Tramo 4.
El exmandatario, entre 2004 y 2006, firmó normas y decretos que declararon prioritaria la obra y la exoneraron del Sistema Nacional de Inversión Pública, entre ellas el Decreto Supremo 018-2004-MTC, la Ley 28214 y el Decreto Supremo 022-2005-EF.
La Fiscalía sostiene que, a cambio de estas decisiones, la empresa brasileña se comprometió a entregar hasta 6,3 millones de dólares, de los cuales 5,4 millones habrían estado destinados directamente a Toledo.
Parte de esos fondos habría sido transferida mediante compañías vinculadas a Josef Maiman, como Trailbridge Ltd. y Merhav MNF, para ocultar su origen ilícito.
El caso incluye la denuncia de que se efectuaron al menos 34 transferencias internacionales a través de cuentas en Estados Unidos, Reino Unido, Israel y territorios considerados paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas. Estas operaciones son presentadas por la Fiscalía como parte del esquema de lavado de activos.
En el expediente se encuentran testimonios de colaboradores eficaces, registros de visitas a Palacio de Gobierno y declaraciones de personajes clave como Josef Maiman y Jorge Barata.
Maiman afirmó haber recibido dinero de Camargo y Correa para entregarlo a Toledo, mientras que Barata señaló que el exmandatario intervino directamente para beneficiar al consorcio.
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