Un informe basado en documentos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) revela que el 65% de los aportantes a la campaña del actual gobernador regional del Callo, Ciro Castillo, han recibido contratos con el propio Gobierno Regional del Callao tras su elección.
Durante su campaña en el 2022, Castillo registró 24 aportantes, varios de los cuales entregaron donaciones en especies de S/1 200, pero luego accedieron a órdenes de servicio que superan los S/30 000.
El dominical de Cuarto Poder reveló que entre ellos, figura Jorge Julián Quispe Gómez, quien aportó S/5 500 en especies a la campaña. Una vez que Ciro Castillo llegó al poder, la empresa Transpoeco Perú SAC, en la que Jorge Quispe es accionista, comenzó a beneficiarse con contratos por casi medio millón de soles.
Sucede que su primera contratación fue el 8 de marzo de 2023, bajo el servicio de Manipulación, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos por S/39 000. Además, el 15 de enero de 2025 firmó un contrato por el servicio de recolección para la sede central por más de S/129 000.
Otro caso es el de Humberto Matta Corazon, quien contribuyó con polos, globos y llaveros por un monto de S/1 800. El aportante es dueño de “Mattco soluciones en publicidad”. Por la elaboración de una gigantografía, del 27 de abril de 2023, se le pagó más S/19 000; y este año, en letreros, arreglos florales, alquiler de toldos, sillas, mesas e incluso estrados, se obtuvieron contratos que superan los S/442 000.
Por si fuera poco, su otra empresa, Generale’s Service’s V&K EIRL, también reactivó contratos por montos que superan los S/489 000.
El caso se repite con cuatro integrantes de la familia Salluca Salluca. Hipólita Salluca aportó S/7 000 y según SEACE ha recibido S/11 020; Miguel Ángel Salluca donó S/1 200 y obtuvo S/30 800; Yuli Salluca que aportó S/1 500, recibió S/30 000; y Sonia Salluca con una contribución de S/8 800, logró contratos que suman más de S/103 000.
Asimismo, Walter Tincopa Silvera con aporte de S/6 500 en especies, obtuvo contratos que superan los S/103 000.
Al respecto, Cecilia Ruiz Morales, abogada especialista en derecho administrativo público, indicó que esta situación se trataría de un conflicto de intereses, un modos operandi que se aplica en campañas políticas.
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