El Gobierno del presidente José Jerí se pronunció ayer sobre el salvoconducto solicitado por la embajada de México, a inicios de esta semana, para permitirle a la expremier Betssy Chávez que viaje al país vecino en su calidad de “asilada política”.
La Cancillería optó por no conceder ni negar el recurso, sino realizar un pedido en fueros internacionales para revisar la Convención de Caracas (1954), firmada por veinte países, que regula la condición de un asilado. Solo después de ello, se adoptará una decisión.
Uso indebido
Torre Tagle emitió un comunicado ayer, en horas de la noche, e indicó que se realizó un análisis de la solicitud de México no solo al interior de la entidad, “sino también con expertos juristas de la región”.
Según detalló, se concluyó que desde la adopción de la Convención de Caracas, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), “se ha producido una evolución negativa en su práctica internacional”.
En esa línea, remarcó que “se ha constatado, en distintos casos –no solo vinculados al Perú–, que en los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política”.
“El Gobierno del Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención, concebida para proteger a nacionales de los Estados Miembros del Sistema Interamericano de persecuciones políticas.
En ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales para que personas que han delinquido puedan liberarse de las decisiones judiciales”, puntualizó.
En espera
El Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por el canciller Hugo de Zela, también expresó “su profundo malestar y rechazo porque el derecho de asilo se ha desvirtuado”.
Remarcó que se ha brindado la facultad “a quienes no sufren persecución, sino que, más bien, son procesados o incluso condenados por delitos comunes”.
Por ello, indicó que la institución “planteará ante los países miembros de la OEA una propuesta de modificación de la Convención de Caracas”.
El objetivo, se indicó, es “evitar que esta tergiversación de su esencia (del acuerdo) continúe ocurriendo”.
“Se iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros de la OEA para llevar adelante esta propuesta, cuyo objetivo central es que el imperio de la ley sea respetado”, señala el comunicado.
Solo “culminado este proceso”, el Gobierno peruano decidirá si otorga o no el salvoconducto y subrayó que las gestiones “se llevarán a cabo de manera muy urgente”.
