El inicio del Gobierno de Dina Boluarte, tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo del 7 de diciembre de 2022, estuvo marcado por acciones de rechazo y protesta realizadas durante varias semanas, y con decenas de muertes a nivel nacional.
A dos meses de cumplir tres años el actual régimen sigue mereciendo acciones de rechazo. Desde sus inicios ha enfrentado por lo menos 30 grandes movilizaciones sociales, dentro de los cuales se han realizado innumerables acciones de protesta como plantones, bloqueos, marchas y paros en Lima y a nivel nacional.
Si bien entre fines de 2022 y el transcurso de 2023 las protestas estuvieron dirigidas a pedir la renuncia de Boluarte y el adelanto de las elecciones, en los años 2024 y 2025 se incorporaron otros reclamos sociales.
Demandas. Durante el año 2024 gran parte de las movilizaciones sociales estuvieron dirigidas a pedir una acción más firme y eficaz contra los alarmantes niveles de criminalidad en Lima y otras regiones del país.
En ese año, sectores de transportistas urbanos de la capital, uno de los más golpeados por las bandas criminales, protagonizaron al menos tres movilizaciones pidiendo que el Gobierno ponga fin a la ola de extorsiones.
Asimismo, organizaciones sindicales y sociales convocaron a movilizaciones, principalmente en la ciudad capital, en contra de las políticas gubernamentales.
Minería. Durante el presente año parte de las protestas también exigían medidas más eficaces contra el crimen organizado que tiene en vilo con las extorsiones a amplios sectores como transportistas, comerciantes y empresarios.
Estas demandas surgen en un contexto en que los delitos cometidos por las bandas criminales, como extorsión, secuestro y homicidios, registran niveles alarmantes, mientras que las medidas del Gobierno como los estados de emergencia no han dado los resultados esperados.
En medio de este panorama, se sumaron a mediados del presente año, las demandas de los mineros artesanales quienes piden al Gobierno y al Parlamento mayor flexibilidad en el proceso de formalización en este sector, que se ha visto involucrado con economías ilícitas como minería ilegal, narcotráfico y trata de personas.
En el presente mes se vienen sumando a las protestas actores nuevos, como los sectores juveniles de la llamada “Generación Z”, que protestan en contra de las políticas del Congreso y del Gobierno.
EL ANÁLISIS. En opinión del analista político y periodista Juan Paredes Castro, si bien la protesta es un derecho constitucional hay que conocer que es lo que existe detrás de estas manifestaciones, ya que las protestas “esconden todo un trasfondo”.
“En los últimos tiempos se está hablando solo de un lado de la cara de la medalla, pero no del otro lado, porque la sociedad tiene sus demonios, así como la política tiene sus bandidos”, dijo a Correo.
Desde su punto vista si el propósito de estas manifestaciones es tumbar al Gobierno a poco tiempo de las elecciones y armas todo un caos en el país, no tendrían sentido.
Precisó que las movilizaciones que enfrentó en sus inicios el gobierno de Boluarte fuen en gran medida protestas por la caída de Pedro Castillo y que se convirtió en una movilización contra el naciente régimen.
Según el analista político no se puede afirmar que estas protestas respondan a un descrédito del Gobierno, porque en su opinión las encuestas no son fiables.
“Es legítimo el derecho de la gente a protestar, (pero) no encuentro yo cuáles son las razones para hacer una protesta nacional contra el Gobierno, no entiendo las motivaciones que puedan estar detrás, no las traduzco con la realidad”, anotó.
