El canciller Hugo de Zela indicó que el gobierno peruano ha optado por “demorar” su respuesta respecto al salvoconducto para Betssy Chávez, quien se encuentra en la embajada de México en Lima bajo un asilo diplomático concedido por dicho país.
“Lo que hemos decidido es demorar la consideración del salvoconducto para tener tiempo de hacer consultas con otros países de la región, de la OEA particularmente, para ver si esta convención (Convención de Caracas de 1954) se adecua a la realidad de hoy”, declaró en una entrevista con la cadena CNN.
El ministro de Relaciones Exteriores expresó su expectativa de que la OEA tenga “una buena receptividad” ante la propuesta del gobierno peruano de “adecuar” la Convención de Caracas de 1954, con el objetivo de “ver cómo solucionamos este asunto”.
“Yo ya inicié las consultas, como le dije, he tenido varias reuniones ahora, probablemente como máximo, diría yo, a comienzos de diciembre estaré en Washington para hacer esta propuesta específicamente y pediríamos que se trate con la urgencia que el caso requiere”, expresó.
Hace algunas semanas, la Cancillería informó que “dará a conocer el resultado” de la solicitud de salvoconducto para la exministra Betssy Chávez, luego de consultar a los países miembros de la OEA. En un comunicado, la institución cuestionó que en los últimos años “el derecho de asilo se ha desvirtuado al otorgarse a quienes no sufren persecución en Estados democráticos”.
En su pronunciamiento, la Cancillería señaló que, desde la adopción de la Convención de Caracas de 1954, “se ha producido una evolución negativa” en la práctica internacional del asilo. Precisaron que, en varios casos recientes —no solo en el Perú—, “se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política”.
“El Gobierno del Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención, concebida para proteger a nacionales de los Estados Miembros del Sistema Interamericano de persecuciones políticas. En ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales para que personas que han delinquido puedan liberarse de las decisiones judiciales”, señalaron.
Asimismo, la Cancillería peruana expresó su rechazo “porque el derecho de asilo se ha desvirtuado al otorgarse a quienes no sufren persecución en Estados democráticos, sino que, más bien, son procesados o incluso condenados por delitos comunes”.
Tras este análisis, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que presentará a los países miembros de la OEA “una propuesta de modificación de la Convención de Caracas de 1954 para evitar que esta tergiversación de su esencia continúe ocurriendo”.
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