Este miércoles 26 de noviembre, el Poder Judicial decidirá si impone 18 meses de prisión preventiva contra Víctor Polay Campos, líder del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en relación con el caso Las Gardenias.
En una audiencia virtual considerada “inaplazable” a las 9:00 a. m., el juez Fernando Valdez revisará la solicitud de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo, que busca modificar el mandato de comparecencia simple impuesto a Víctor Polay Campos y reemplazarlo por 18 meses de prisión preventiva dentro del proceso penal que enfrenta por el caso Las Gardenias.
Dicha instancia fiscal presentó este requerimiento al señalar un “incremento del peligro procesal”, argumentando que el mandato de comparecencia simple vigente sobre Víctor Polay Campos “ya no sea suficiente”. Además, recordó que el 3 de enero de 2026 vencerá la condena de 35 años que se le impuso en 2006 por terrorismo contra el Estado, por lo que estaría cerca de recuperar su libertad.
La Fiscalía también indicó que Víctor Polay no tiene arraigo en el país y que su círculo cercano —refiriéndose al resto de integrantes de la cúpula del MRTA procesados por este caso— se encuentra en el extranjero. Además, destacó que Polay no posee inmuebles registrados a su nombre, ya que estos fueron embargados como consecuencia de la condena por terrorismo que recibió en 2006.
Este miércoles, el juez Fernando Valdez escuchará a los representantes de la Fiscalía y de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior, así como a Víctor Polay, recluido en la Base Naval del Callao, y a su defensa legal, con el objetivo de emitir una decisión sobre el caso en los próximos días.
La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo solicitó cadena perpetua para Víctor Polay, acusado de presuntos delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado en el marco de violación de derechos humanos en agravio del Estado.
Los hechos se relacionan con un ataque terrorista ocurrido en mayo de 1989 contra personas de la comunidad LGBTI que se encontraban en el bar “Las Gardenias”, en Tarapoto, región San Martín, así como con otros presuntos homicidios cometidos hasta 1992.
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