El expresidente Martín Vizcarra tiene una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos por el Caso Vacunagate.
El expresidente Martín Vizcarra tiene una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos por el Caso Vacunagate.

Mientras el expresidente hace campaña con miras a las a pesar de su inhabilitación, todavía tiene casos pendientes por los que responder ante la justicia, uno de ellos es el denominado Vacunagate.

Precisamente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó el informe final que recomienda acusar al exmandatario por la presunta comisión del delito de concusión, además, se recomienda acusar bajo el mismo delito a su exministro de Salud, Pilar Mazzetti.

Pilar Mazzetti se vacunó de manera irregular durante la pandemia. Foto: Violeta Ayasta/GEC
Pilar Mazzetti se vacunó de manera irregular durante la pandemia. Foto: Violeta Ayasta/GEC

HECHOS

El informe del grupo de trabajo que encabeza la congresista Lady Camones (APP) al que accedió Correo, investigó la obtención indebida de dosis de la vacuna que recibió Vizcarra y Mazzetti.

En la cronología se señala que el expresidente Vizcarra Cornejo abusó de su cargo para inducir a Germán Málaga, investigador principal del ensayo de vacunas, para entregarle dos dosis para él y su esposa Maribel Díaz Cabello.

La inoculación se realizó el 2 de octubre de 2020, según consta por el ingreso y salida de Málaga de Palacio.

Además, el exmandatario pidió una dosis adicional para su hermano César Vizcarra, que fue colocada el 29 de octubre de ese mismo año.

“La voluntad de Málaga habría sido doblegada ante la investidura y autoridad que representaba Vizcarra. La inducción se configura por el influjo psicológico para acceder a la entrega de un bien indebido”, señala parte del análisis del informe final.

Mientras que Mazzetti habría inducido a través de su cargo al coinvestigador Héctor García, para que le entregue cuatro dosis de la vacuna candidata para ella y para su personal de confianza.

En consecuencia, el informe concluye acusar a los exaltos funcionarios por concusión y levantar su fuero, para que la Fiscalía pueda continuar con el proceso.

Cabe precisar que el informe final  de la Subcomisión tendrá que ser ratificado en la Comisión Permanente y posteriormente, en el Pleno del Congreso, para así ser enviado finalmente al Ministerio Público y el proceso judicial siga su curso.