La Comisión de Constitución del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que dispone la creación del primer banco nacional de perfiles genéticos, una base de datos que estará bajo administración de la Policía Nacional del Perú (PNP) y que permitirá registrar y conservar muestras de ADN de personas vinculadas a investigaciones policiales.
El proyecto fue respaldado con 14 votos a favor, 7 en contra y una abstención. Según el texto aprobado, la PNP podrá tomar y almacenar muestras biológicas de cualquier individuo involucrado en una investigación, incluso sin requerir autorización judicial previa.
La medida busca agilizar la identificación de presuntos responsables en delitos violentos y casos de crimen organizado, optimizando las labores de inteligencia y respuesta operativa en las primeras etapas de los procesos penales.
La propuesta también elimina la intervención del Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal en el proceso de recolección y análisis de muestras biológicas. Con ello, se pretende que los agentes policiales accedan de manera directa y más rápida a información genética relevante para la identificación de sospechosos.
Según se argumentó en la sesión, esta modificación responde a la necesidad de evitar demoras que, en el pasado, habrían dificultado la captura de implicados durante diligencias preliminares.
El dictamen autoriza a la Policía a realizar la toma de muestras durante una intervención sin requerir orden judicial, lo que —de acuerdo con los legisladores que respaldaron la iniciativa— permitirá mejorar la eficacia en las investigaciones sobre bandas criminales y hechos de violencia grave.
Sin embargo, la propuesta generó cuestionamientos respecto a la falta de control externo sobre el uso de la información genética.
Algunos parlamentarios advirtieron que la concentración del manejo de estos datos en la PNP podría afectar la privacidad de ciudadanos no implicados y abrir riesgos de uso indebido o filtración, especialmente si no existen protocolos claros sobre conservación y eliminación de muestras.
El proyecto deberá ser evaluado próximamente por el Pleno del Congreso, instancia que definirá su aprobación definitiva y el marco de garantías institucionales necesarias para resguardar los derechos fundamentales frente al uso de tecnologías genéticas en el ámbito de la seguridad pública.
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