Comisión de Justicia se dispone a debatir nuevo proyecto de ley que restringe la difusión de informes periodísticos que comprometen a funcionarios públicos.
Comisión de Justicia se dispone a debatir nuevo proyecto de ley que restringe la difusión de informes periodísticos que comprometen a funcionarios públicos.

Hoy miércoles, 10 de setiembre, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, retomará el debate del polémico proyecto de ley 5849/2023-CR que pretende modificar radicalmente el Art. 164 del Código Penal sobre la publicación indebida de correspondencia.

En la sesión del 3 de setiembre fue debatido un pre dictamen en mayoría.

Este, en esencia, pretende incorporar a la ley vigente, como nuevos delitos, el hacer uso periodístico y difusión de chats de mensajería instantánea (WhatsApp y Telegram), mensajes de correo electrónico y de redes sociales de funcionarios públicos, específicamente, congresistas.

La actual norma de publicación indebida de correspondencia solo incluye las cartas y los mensajes telegráficos.

En la sesión del 3 de septiembre, la casi totalidad de los congresistas exteriorizaron una gran animadversión contra la labor de la prensa de investigación.

Y radicalizaron la propuesta inicial; opinaron en favor de excluir el enfoque del “interés público”. Luego se ingresó a un cuarto intermedio.

EXPERTO

Según el especialista en derecho digital, Erick Iriarte, “el tinte de este proyecto, de colocar estas llaves, va directamente contra la prensa y contra la divulgación de información que sirve para la investigación en temas de corrupción y mal uso de recursos públicos”.

Iriarte cuestionó, además, que los congresistas pretendan que sus comunicaciones digitales y correos electrónicos no sean usados periodísticamente.

Remarcó que la vigente Ley de Transparencia permite a los ciudadanos solicitar los correos electrónicos oficiales de un funcionario público, bajo el criterio del interés público.

“Espero -dijo Iriarte- que recapacite la Comisión de Justicia. Que se entienda que el proyecto de ley no debe ser un instrumento contra la prensa”.