El Congreso de la República oficializó este martes las resoluciones legislativas mediante las cuales se declara haber lugar a formar causa penal contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, y el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas.

Ambas resoluciones fueron publicadas en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y llevan la firma del actual presidente de la República, José Jerí, quien ocupaba la titularidad del Parlamento al momento de su emisión.

Causa penal contra Betssy Chávez

La Resolución Legislativa N.° 002-2025-2026-CR establece el inicio de la causa penal contra Chávez Chino por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado, tipificados en los artículos 399 y 400 del Código Penal.

El proceso tiene su origen en la denuncia constitucional presentada el 10 de abril de 2023 por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que derivó en un procedimiento de acusación constitucional en el Congreso.

Tras la evaluación del caso, el pleno aprobó el pasado 1 de octubre, con 51 votos a favor, el proyecto de resolución legislativa que autoriza la formación de causa penal contra la exlegisladora, a quien se le atribuye haber favorecido con puestos de trabajo a familiares de su expareja.

Acusación constitucional contra Salas Arenas

Por otro lado, la Resolución Legislativa N.° 003-2025-2026-CR dispone la formación de causa penal contra el magistrado supremo Jorge Luis Salas Arenas por su presunta participación como instigador en el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.

Esta decisión se sustenta en la denuncia constitucional presentada el 22 de marzo de 2024 por el exfiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, que dio lugar a la apertura del correspondiente proceso parlamentario.

En la misma sesión plenaria del 1 de octubre se aprobó el proyecto de resolución legislativa que autoriza su procesamiento penal.

Según la acusación, la Fiscalía atribuye a Salas Arenas una presunta coordinación con el exmagistrado Walter Ríos para concretar la contratación de su exsecretario, hecho que motivó el trámite constitucional seguido en el Congreso.

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