La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco) del Congreso aprobó por mayoría una medida que prohíbe el uso del colorante sintético rojo N.º 3, conocido como eritrosina, en la fabricación de alimentos y medicamentos en el país.
La decisión se basa en los riesgos que este aditivo representa para la salud humana, ante evidencias de su posible efecto cancerígeno.
De acuerdo con el dictamen, la prohibición entrará en vigor de manera progresiva: el 15 de enero de 2027 para alimentos y un año después, el 15 de enero de 2028, para productos farmacéuticos. El objetivo es brindar tiempo suficiente a las empresas del sector para adaptar sus procesos de producción a las nuevas exigencias.
La iniciativa fue sustentada en recientes reportes de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que retiró la autorización para el uso de la eritrosina tras confirmar estudios que la relacionan con el desarrollo de tumores en animales de laboratorio.
El texto aprobado agrupa seis proyectos de ley impulsados por los congresistas Edgar Reymundo, Lucinda Vásquez, Manuel García, Sigrid Bazán, Guido Bellido y la presidenta de Codeco, Katy Ugarte.
La propuesta conjunta se elaboró bajo el principio precautorio, que permite adoptar medidas preventivas frente a posibles amenazas para la salud pública aun sin evidencia científica concluyente.
La norma establece que la implementación de la prohibición estará a cargo del Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).
“Esta decisión representa un paso firme en defensa de los consumidores y en protección de la salud pública. No podemos permitir que sustancias con indicios razonables de causar daño sigan en circulación. Actuamos con responsabilidad, anticipándonos a un riesgo que el mundo ya está reconociendo”, señaló la congresista Katy Ugarte.
Por su parte, el legislador Edgar Reymundo afirmó que la medida “pone al Perú a la vanguardia en regulación sanitaria en la región” y que “la salud de los peruanos debe estar siempre por encima de cualquier interés económico”.
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