La congresista María del Carmen Alva presentó un proyecto de ley que propone incorporar nuevas herramientas legales para combatir la extorsión, el sicariato y los delitos financieros vinculados al crimen organizado.
Dicha iniciativa contempla reformas al Código Penal, al sistema financiero y al régimen penitenciario, con el objetivo de prevenir el uso indebido de cuentas bancarias y frenar las operaciones criminales que se coordinan desde los centros penitenciarios.
Según se indica en la iniciativa, el proyecto responde al aumento constante de denuncias por delitos violentos y financieros, y tiene como finalidad cerrar los vacíos legales que limitan una respuesta efectiva por parte del Estado.
La propuesta legislativa incorpora un nuevo delito que penaliza el préstamo, cesión o alquiler de cuentas bancarias o digitales con fines ilícitos.
Esta práctica, conocida como uso de “cuentas mula”, aún no está tipificada de manera independiente en la normativa vigente, lo que, según la autora del proyecto, contribuye a la impunidad de quienes facilitan este tipo de operaciones.
El proyecto plantea una pena de entre 10 y 15 años de prisión para quienes cedan o presten su cuenta, sabiendo que será utilizada con fines delictivos.
En caso de que la cuenta sea empleada para la comisión de delitos graves como extorsión, sicariato u otros de similar naturaleza, la sanción se incrementará a un rango de 15 a 25 años de prisión, además de una inhabilitación de hasta 25 años para acceder o contratar servicios financieros.
El segundo eje de la iniciativa propone reformar la Ley General del Sistema Financiero para exigir que la apertura de cuentas bancarias, billeteras digitales o servicios financieros electrónicos incluya verificación biofacial y biométrica obligatoria.
Esta medida busca disminuir hasta en un 80% los fraudes por suplantación de identidad y mejorar la trazabilidad de las operaciones sospechosas.
Asimismo, se establece que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP contará con 90 días para emitir el reglamento técnico correspondiente, en coordinación con el RENIEC y la Policía Nacional.
Además, se propone reformar el Código de Ejecución Penal para que los internos procesados por extorsión y sicariato vinculados a organizaciones criminales sean incluidos en el Régimen Cerrado Especial.
Esta clasificación tiene como objetivo restringir las comunicaciones y el contacto con el exterior, disminuyendo así la posibilidad de que los internos continúen cometiendo delitos desde los penales.
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